La causa Wikileaks.

Cabe destacar que el “asunto este” del cablegate Wikileaks ha colmado los titulares de todas las agencias noticiosas mundiales. La información revelada no solo afecta al otrora gobierno ultra-conservador de los norteamericanos, sino también (y en menor medida hasta ahora) a gobiernos comunistas, socialdemócratas y socialistas del siglo XXI.

Lo que se puede vislumbrar es un futuro negro para los ciudadanos norteamericanos, ya que seguramente la desconfianza generada en su población provocará que sus políticos endurezcan la política exterior de Washington y legislen en favor de una mayor censura a la disponibilidad de información, es decir, esteremos presenciando el nacimiento de una nueva excusa para controlar y censurar los contenidos en Internet.

Sin embargo, en un mundo ideal contar con abundante información no deja de ser una situación inmejorable para la correcta toma de decisiones de los agentes, y sobretodo valiosa cuando esta sirve para esclarecer las mañoserías efectuadas por los políticos de turno. Solo que antes tendría que aclarar que en muchos casos parte de esta información no deja de ser intrascendente, simple perogrullada, leyenda urbana, rumor, “chisme de barrio.”

Yo más me inclino por aquella información que:

• Debilita el accionar de tiranos, autócratas y dictadores;
• Hace tambalear la arrogancia de planificadores sociales que pululan en Estados urgentes por extender sus políticas amañadas sobre el resto de mortales;
• Tira al traste pretensiones belicistas de ególatras embelesados en el poder;
• Desnuda las increíbles artimañas efectuadas por politiqueros de turno.
• Estrecha y constriñe a Estados enormes, obsoletos y prejuiciosos; y
• Desilusiona a Estados que actúan con la firme convicción de mantenerse en el poder acaparando toda actividad económica y entregándonos a cambio miseria, desesperanza y muerte.

Un libertario que se precie, no deja de estar de acuerdo con la causa Wikileaks, sin embargo no se la cree toda, siempre deja en tela de duda el accionar y las pretensiones del tipo que la dirige, sobre todo si este muestra “dirigida consigna” contra cierto lado de la balanza.

Porque tengo derecho a conocer las mentiras, sinvergüencerías, brutalidades y chismes del Gobierno de turno, larga vida al Wikileaks.

¡Sin luz! Se veía venir.

Qué golpe tan bajo para la revolución ciudadana, los famosos estiajes acompañados de los inseparables cortes de energía han lacerado el orgullo de hasta el más radical de los aliancistas que ven como cada vez disponen de menos recursos para la defensa. Ya algunos empiezan a disentir, el desencanto es cada vez mayor, obvio sienten los estragos de las ineficiencias del modelo, sin embargo todavía hay un considerable número que se resiste. Si con luz no quieren ver, peor ahora en épocas de desafortunada oscuridad.

El presidente en su enlace ciudadano le echo la culpa a la partidocracia y a la naturaleza. Gobiernos anteriores querían desmantelar el estado manifestó exaltado, por eso jamás invirtieron en generación eléctrica, es un problema de años, nunca existió planificación, reclamó, además la naturaleza no va con la revolución ciudadana, ¡no llueve! En 40 años no había sucedido algo similar, por lo tanto tocará sobrellevarla, porque lo que brilla con luz propia nada lo podrá apagar…

En otras palabras, falta de apuntalamiento al estado para que pueda cumplir con una más de sus ideológicamente atribuidas labores, la de electricista.

Durante los últimos años el sector eléctrico en el Ecuador no encontró camino entre la obligación de modernizarse o la consecuente pérdida de privilegios que implicaba. Los sindicatos juntos con la izquierda reaccionaria hicieron todo lo posible para hacer favorable la disyuntiva, apelaron a sentimientos nacionalistas para mantenerse en control y de esta forma evitar la modernización del sector, a la vez demandaron la inversión de ingentes cantidades de dinero en nuevos proyectos de generación para de esta forma suplir las ineficiencias.

Sin embargo administraciones altamente politizadas, problemas burocráticos en las empresas de generación y distribución, déficits tarifarios, pérdidas acumuladas, inconvenientes tributarios, entre otros, jamás hicieron atractivo al sector, ni para el estado ni para las inversiones internacionales. Capitalizarlo en esas condiciones hubiese sido como tirar dinero en saco roto. Por lo que se gestó todo un proceso de cambio estructural para privatizarlo, proceso que daría sus primeros pasos con el gobierno de Sixto Duran Ballén y colapsaría en el de Gustavo Noboa.

Se crea el Consejo Nacional de Modernización, CONAM, se redactan y aprueban las Trole I y II, se gestan cambios en la Ley de Electrificación y cambios en el marco regulatorio, etc. Cambios que al final de cuentas de nada sirvieron ya que pesaron las decisiones de la empresa Centro Sur (con el corcho Cordero como ex Alcalde de Cuenca a la cabeza) y sobre todo la de la Empresa Eléctrica Quito, líder en la defensa de los privilegios sindicales y manejada por la izquierda democrática, quienes jamás se prestaron a los procesos de privatización.

Agregando también las declaraciones de importantes representantes de los partidos políticos de derecha, quienes por afinidades ideológicas debieron aportar al proceso y no ponerlo en tela de duda.

Entonces la falta de acuerdos para instituir un proyecto país gracias a posiciones antagónicas a la hora de establecer el rol del estado no permitió el rescate del sector eléctrico, quien con el paso de los años se convertía en una pesada carga para los ecuatorianos.

Hoy por hoy el gobierno de la revolución ciudadana le apunta al estado como respuesta y solución a la crisis energética y ejerce su accionar respaldado por la Constitución de Montecristi que declaró al sector como “área estratégica”. Dicha palabrita proveniente de la constitución de 1978, estuvo en vigencia por veinte largos años. Se constituiría como muletilla preferida de la izquierda y como muro ideológico que no permitiría la modernización en el sector eléctrico (y otros) al no permitir la participación privada en la prestación de servicios públicos. Este concepto fue defenestrado en la constitución del 98.

La inclusión de dicha palabra en la nueva constitución ahuyentó de una vez por todas, la posibilidad de inversión extranjera sobre el sector. Nos vendieron la idea que una empresa estatal con dinero (fruto del robo compulsivo a través del pago de impuestos y de la explotación anti técnica de recursos no renovables) es igual de eficiente que una privada. Hoy por hoy a tres años de gobierno estamos viviendo las consecuencias.

Falta de previsión, falta de optimización de gastos y falta de sentido común. Señores el estado es pésimo administrador, por lo tanto se torna imprescindible eliminarlo como operador del sector eléctrico.

¿Qué posibilidades brinda el mercado? Las mejores, a través de una segmentación del mismo con la finalidad de que hayan mas operadores, por tanto mas oferentes y baje el precio. Con la existencia del mismo también se podría incentivar la presencia de capitales privados para nuevas plantas de generación y así bajar las tarifas, estas deberán ser manejadas por profesionales probos y capaces, siempre y cuando el sector de la distribución no esté sometido a los vaivenes de la política.

Se debe abogar por el empoderamiento de los gobiernos locales con la finalidad de descentralizar el sector, pero no con la finalidad de generar gobiernos locales estatistas, sino más bien gobiernos locales autónomos con la capacidad de concesionar, tal como lo hace Guayaquil.

El gobierno tiene otra receta, que no necesariamente parecería ser la solución, solo que para ellos es más altiva y soberana, se sienten capaces de rescatar al sector eléctrico con sus planes y nos comentan de grandes avances, comentarios que para el grueso de la ciudadanía o una buena parte de ella, no parecen acertados, lo que sí parece acertado es que en el Ecuador las cosas no avanzan al ritmo que el gobierno con el presidente a la cabeza parecen creer.

El Estado Empresario

Mientras mi cabeza se quejaba de los excesos de la noche anterior, leía con detenimiento un artículo en el Universo en su espacio de cartas de lectores, donde me llamó la atención un comentario del ciudadano René Ronquillo cuando justificaba la acción del estado de atribuirse la administración de las grandes empresas del país, con la idea de que si dispone de mayores recursos “otorgado por las ganancias” mayores serían las necesidades que este podría cubrir. Comentaba que con el paso del tiempo pudo desasirse de esa infantil idea.

Ya en el marco de la constitución elaborada en Montecristi se revelaba la intención del gobierno de fortalecer el rol del estado empresario declarando sectores estratégicos a la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.

Todo eso obedeciendo a la nueva moda de lo nacional, la soberanía nacional, la dignidad nacional y otras frases embarradas de falso nacionalismo típicos de la nueva tendencia del socialismo del siglo XXI reflejada en los gobiernos de Chávez, Evo, Ortega, Correa por citar a los más representativos.

Acorde con Manuel Ignacio Gómez Lecaro en su artículo ¿Lo nacional? Latinoamérica toda vive una suerte de montaña rusa, nacionalizaciones primero, luego privatizaciones y finalmente, nacionalizaciones again, democracia hoy, dictadura mañana y al cabo de un tiempito vuelve la mula al trigo. Y no termina ahí, primero declaramos autocracia económica, después aperturismos en tapete y posteriormente cual muchacho arrepentido pedimos acoger el proteccionismo. Y muy en el fondo nos preguntamos por qué tanta pobreza por qué tanto atraso.

Esta locura de lo nacional hace que la ciudadanía justifique y apoye el hecho de que el estado trate de proveernos de ciertos bienes y servicios ignorando por completo ciertos principios que la administración pública no considera de sus empresas, como la generación del lucro mediante la máxima microeconómica de la obtención de utilidades y minimización de los costos; estos principios hacen que por ejemplo la empresa privada trate de operar con la mayor eficiencia posible produciendo con economías de escala en un marco de competitividad extrema, donde simplemente o satisfacen con bienes y servicios que otorguen valor y satisfacción o desaparecen.

Las empresas públicas de las cuales se enorgullece el Estado Benefactor no se rigen bajo esos principios, simplemente tratan de proveernos de aquellos bienes y servicios en donde consideran que el mercado presenta fallas e incluso de acuerdo a la rigurosidad del sistema “Cuba” tratan de proveer todo ocasionando una burocracia con sueldos dorados, nepotismo, corrupción, privilegios, ESCASES; arrojando como resultado un gran perjuicio al consumidor final, aquel que justamente se pretendía beneficiar.

Y es que un empleado público que se desmadra trabajando todo el día recibirá exactamente la misma remuneración o cantidad de dinero que otro trabajador público un tanto menos esforzado, ya que por cosas de la gestión pública ambos realizando la misma actividad y manejando similar nombramiento están situados en una escala de similar puntuación, según nuestra Ley ellos están homologados, es fácil imaginarse entonces que el resultado final de ese fenómeno será desincentivo, desinterés y posteriores bajas en la productividad. Cosa antagónica sucede en el sector privado donde se remunera en proporción directa al esfuerzo y la eficiencia.

Gobiernos como este no hacen más que crear nuevas empresas de acuerdo a sus necesidades, a la coyuntura, seguramente mañana no serán tan necesarias, “si es que en algún momento lo fueron” y lo que nos habrá quedado será grandes elefantes blancos, obsoletos sin poder desaparecer, ya que seguramente seguirá viviendo por las fuertes presiones sindicales que buscarán el re-direccionamiento de la misión de la misma siempre y cuando se mantengan sus privilegios y con breves incrementos salariales, ¡por el susto, digo!

La concentración de las decisiones técnicas urgentes, la temporalidad política de los cargos públicos, la corrupción, el palanqueo, el nepotismo, el exceso de personal, la falta de flexibilidad laboral, los parásitos latentes del sistema, la falta de experticia en la provisión de bienes y/o servicios públicos, entre otros hacen que la nacionalización de ciertos sectores estratégicos a juicio del estado y la posterior creación de la empresa nacional para su provisión fracase. No hay nada menos ecuatoriano y más ineficiente que lo público, el IESS, PETROECUADOR, la educación pública, no nos pertenecen, pertenecen al privilegio de unos cuantos arrimados a la retórica de siempre hoy más que nunca de moda.

Más allá de que en el Ecuador y en buena parte del mundo no existan empresas públicas que operen mejor que las privadas, de sistemas económicos e ideologías, de sectores estratégicos estatizados, etc, esperemos que siempre se respete en la ciudadanía nuestro derecho a la libertad, libertad de elegir, de comprar, de vender, de contratar, libertad de usar y colocar nuestro dinero donde nos convenga y hasta nos plazca. Todo acto que desde el estado contravenga con nuestras libertades solo acarrea atraso y más pobreza.