Cesar Rodríguez, asambleísta oficialista y primer vicepresidente del “Congresillo” con datos en mano manifestó: El SOAT ha sido un “jugoso” negocio para las aseguradoras, este criticó el proceso de aplicación del Seguro obligatorio contra accidentes de tránsito (SOAT) y aporto con las siguientes cantidades: En el 2008 el SOAT recaudó 86’026.495 dólares, con el aporte que hicieron 1’418.367 familias ecuatorianas, tal como obliga la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. De este monto, el Fondo del Seguro de Accidente de Tránsito (FONSAT) recibió 20’925.937 dólares (22%), mientras a las aseguradoras ingresaron 65’100.558 (76%), indicó el asambleísta.Sin embargo toda esta cantidad de dinero no ha seguido su curso normal, ya que acorde con los representantes de las clínicas privadas ha derivado solo en ganancias extremas para las aseguradoras generando grandes perjuicios. Afirmaron también los directivos de estas casas de salud que las empresas aseguradoras no les han pagado aún más del 50% de los casos atendidos.
Entonces tenemos a las clínicas privadas quienes por Ley están en la obligación de atender a cualquier persona que haya sufrido un accidente de tránsito y posteriormente justificar ante las aseguradoras el caso, es decir documentar correctamente el reclamo administrativo, certificación de atención medica, planilla de honorarios médicos, comprobantes de egreso, facturas, retenciones, y un sinfín de trámites burocráticos; y por otro lado tenemos a Corposoat (ente que agrupa a las empresas aseguradoras) quienes aducen que nos es que no se les haya querido pagar a las clínicas privadas, sino que el problema se da por el incumplimiento en la documentación y correcta facturación de los servicios de salud, entre otros puntos.
Inicialmente alguien sufre un accidente de tránsito y sabe que está asegurado, si es que puede se traslada o lo trasladan a una clínica privada “por lógica rehusaría un hospital público” ya que conoce que por obligación deben atenderlo, curarlo y salvarlo en la medida de las posibilidades. Posteriormente los médicos inician los trámites para cobra el tratamiento por medio del SOAT, documentan el caso presentan sus papeles y quieren cobrar, mientras que las aseguradoras reciben la documentación, la revisan, auditan y subsiguientemente en un acto malévolo o despiadado la objetan, y con ello no asumen la totalidad de la planilla.
Sin embargo este acto malévolo o despiadado desde la economía puede ser explicado bajo la concepción del riesgo moral.
Acorde con la wikipedia, el riesgo moral es un concepto económico que describe una situación en la que un actor decide no colaborar en el mantenimiento de un bien o servicio por el hecho de estar asegurado su disfrute. Explicado de forma más concreta o sencilla para el caso. El riesgo moral describe la situación por la que un agente económico modifica sus acciones cuando el no resulta responsable total de las consecuencias de las mismas.
Se generan hipótesis: los ciudadanos tienen una póliza de seguros obligatorio de accidentes de tránsito que conlleva a la alteración de los incentivos, se presenta un cambio de conducta que los hace propensos a incurrir en ciertos riesgos que en situaciones anteriores se abstendrían debido a su naturaleza adversa, cautelosa. Además las clínicas privadas una vez concluido el tratamiento médico podrían verse incentivadas a incrementar el costo de las planillas médicas confiadas en la reposición de dichos fondos. Todas estas conductas generan en las aseguradoras una actitud de desconfianza además de presentimientos de incurrir en grandes costos que podrían hasta hacerlas quebrar.
Entonces se generan alteraciones de conducta. Supone que como las clínicas privadas tienen asegurado “en principio” el disfrute del cobro por indemnizaciones al monto que fuere, las aseguradoras lo cancelarán, después de todo de no hacerlo siempre habrá medios legales o medios un tanto más llamativos y efectivos como una cámara de televisión donde se podrá descargar la ineficiencia de las aseguradoras. Lo que sí está claro en este caso es que las aseguradoras privadas al existir información asimétrica para prevenir el riesgo moral están utilizando “a discreción” su capacidad de decisión para rechazar o desechar la mayoría de los casos generando maliciosamente beneficios institucionales a expensas del eslabón más débil de la cadena, el ciudadano.
Puede comprobarse que el problema así enfocado permite analizar los problemas de las decisiones económicas de estado y mercado desde una visión unificada. Habrá una pérdida de eficiencia siempre que los costes y perjuicios ocasionados por una decisión no recaigan sobre el individuo que decide.
Sin embargo no es mi intención justificar a las aseguradoras, pero como nos ilustra bonil en su caricatura, si las asambleístas con datos en mano, número de vehículos “parque automotor” e incidencias de los accidentes de tránsito no hicieron bien los cálculos “donde se demostraban ganancias a costa de la obligación de individuos” no pueden quejarse a estas alturas de la imperfección del sistema.
